Un recorte al derecho a saber
La información es una poderosa herramienta con la que cuentan los ciudadanos para el control de los gobiernos. Un pueblo sin conocimiento está amputado de pensamiento crítico y, por tanto, manipulable y sometido. Así, desde tiempos antiguos, y en la actualidad como nunca, el saber y sus fuentes han sido un valioso recurso que las élites y las esferas de poder han custodiado con celo.
Una medida autoritaria
El decreto 780/2024 firmado por el presidente Javier Milei limita el acceso a la información pública y se alinea con el propósito de ocultar la verdad a la población. Este decreto reglamentario amplía la información que queda por fuera del interés público, es decir, puede quedar en la sombra y la opacidad gubernamental.
Discrecionalidad peligrosa
El decreto expande el secreto en manos del Estado, introduciendo altas dosis de discrecionalidad. Funcionarios podrán definir qué es un documento público o qué información es de la esfera privada de las autoridades. Además, sustrae de la difusión los documentos preparatorios o que forman parte del proceso de toma de decisiones.
Un problema para todos
Esta medida no solo afecta a medios y ONGs, sino a toda la sociedad, que tendrá menos acceso a información de interés público. Como ejemplo, la ministra de Seguridad negó a Amnistía Internacional datos sobre los operativos de seguridad de junio y abril de este año, que incluyeron métodos violentos contra manifestantes pacíficos.
El peligro en la era de las fake news
La sanción de este decreto restrictivo es grave en la era de las noticias falsas, donde la búsqueda de la concentración del saber va de la mano con el ataque a la prensa. La tarea periodística consiste en revelar lo que las administraciones ocultan, por eso es incómoda para los gobiernos opacos. En este contexto, Amnistía Internacional, junto a más de setenta organizaciones, pide la derogación del Decreto 780/2024.
Un derecho humano esencial
Restringir el derecho de acceso a la información pública afecta un derecho humano fundamental y, a su vez, otros derechos. Por eso, es un tema a tomar con seriedad y que debe ser revocado para garantizar la transparencia y el acceso a la verdad.