En 2024, 20 adolescentes menores de 18 años fueron asesinados
La ciudad de Córdoba enfrenta una trágica realidad. En lo que va del año, 20 adolescentes menores de 18 años han sido asesinados en contextos delictivos, según informó la abogada Teresa González, del área penal juvenil de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), a miembros del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y juezas penales juveniles.
Una problemática que interroga al sistema
Estas trágicas cifras interpelan al sistema actual, cuestionando su eficacia y su capacidad para brindar contención y oportunidades a estos jóvenes. Se preguntan si los recursos humanos y técnicos son suficientes para atender sus necesidades y evitar que caigan en la espiral del delito.
Los casos de estos adolescentes suelen estar marcados por el abandono, el consumo problemático de sustancias y la falta de inserción en espacios educativos o sociales que puedan ofrecerles una alternativa diferente. Es una situación compleja que requiere un abordaje integral y un compromiso de la comunidad en su conjunto.
Las historias detrás de las estadísticas
Detrás de cada estadística hay una historia de vida truncada. Tal es el caso de Ismael Lautaro Peralta, cuyo cuerpo fue encontrado en una bolsa negra con cuatro disparos. Su historia de abandono y delincuencia había comenzado años atrás, con numerosas intervenciones de la Senaf que no pudieron evitar el trágico final.
Otro ejemplo es el de Alexis Jesús González, asesinado a cuchillo tras salir de una fiesta. Estos casos evidencian la gravedad del problema y la necesidad de encontrar soluciones eficaces.
La falta de contención y las dificultades del sistema
La Senaf ha intentado contener y acompañar a estos adolescentes, pero se enfrenta a limitaciones y desafíos considerables. Los casos mencionados son solo algunos de los 20 registrados este año. La oficina de protección de derechos dirigida a este grupo etario se ve desbordada ante la reticencia de los jóvenes a someterse a tratamientos y su tendencia a reincidir en conductas delictivas.
Además, hay operatorias judiciales que cuestionan la eficacia de la Justicia Restaurativa en estos casos específicos, destacando que se enfoca en los agresores y no en las víctimas ni en su reinserción social.
Funcionarios judiciales señalan que la reforma de 2021 y su interpretación por el TSJ han causado graves daños que se evidencian en estos casos. Se trata de un problema multifactorial, en el que la familia, la comunidad y las instituciones no han logrado contener a estos jóvenes y brindarles las herramientas necesarias para un desarrollo saludable.
La necesidad de un cambio de enfoque
Estas trágicas estadísticas deben servir como llamado de atención para replantear las estrategias actuales y buscar nuevos enfoques que prioricen la prevención y la contención social. La sociedad en su conjunto debe asumir su responsabilidad en la construcción de un futuro diferente para estos adolescentes, evitando que sean víctimas y victimarios.
Es necesario un cambio de paradigma que ponga el énfasis en la educación, la inclusión y la reinserción social, trabajando en conjunto con las comunidades y las familias para ofrecerles un proyecto de vida alejado del delito.
