Salvemos la independencia de la Corte
La Constitución otorga al Presidente la facultad de nombrar a los jueces de la Corte con acuerdo del Senado. Una antigua norma constitucional aclara que, durante los recesos, el presidente puede cubrir las vacantes transitoriamente hasta que el Congreso vuelva a sesionar. La Corte es la máxima autoridad judicial y se ocupa de casos de gran relevancia política, jurídica, institucional, económica y social.
Una cuestión de independencia
La coyuntura genera incertidumbre sobre la independencia con la que actuarán los nuevos jueces nombrados de manera transitoria, ya que deberán resolver casos que afectan los intereses de todos los grupos políticos que votarán en el Senado para decidir sobre su designación definitiva. La Corte ha reconocido que los procedimientos de designación y la estabilidad de los jueces son fundamentales para garantizar su independencia e imparcialidad.
Garantías para la ciudadanía
Los procesos de nombramiento y la permanencia de los jueces mientras dure su buena conducta representan una garantía para que los ciudadanos tengan seguridad de que los casos serán resueltos sin presiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo. De acuerdo con el Código Iberoamericano de Ética Judicial, los jueces deben manifestar que no reciben influencias de ningún poder público o privado.
Responsabilidad política
En un momento crucial de la historia argentina, es necesario que las autoridades asuman la responsabilidad de tomar decisiones para otorgar estabilidad a la Corte Suprema. Sólo así se podrá garantizar la seguridad jurídica que el país necesita para fomentar la confianza y la inversión.
Conclusión
La construcción de un desarrollo económico, social e institucional sostenible no debe ser postergada y es responsabilidad de los líderes políticos asegurar un legado positivo para las generaciones futuras.
