Represión a la marcha de jubilados
La organización Human Rights Watch emitió un comunicado reclamando a las autoridades argentinas que investiguen la represión policial ocurrida durante la marcha de jubilados del 12 de marzo en Buenos Aires. Según la organización, la respuesta de las fuerzas de seguridad fue desproporcionada y peligrosa ante algunos manifestantes que cometieron actos violentos.
Uso indiscriminado de la fuerza
Para Human Rights Watch, existen "pruebas contundentes" del uso peligroso e indiscriminado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad durante la protesta. Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de la organización, afirmó que "hay pruebas contundentes de que en varias ocasiones los miembros de las fuerzas de seguridad hicieron un uso indiscriminado y peligroso de la fuerza".
Como ejemplo de ello, el comunicado destaca el caso del fotógrafo Pablo Grillo, quien permanece internado con una lesión cerebral tras ser impactado en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno disparado por un agente de Gendarmería. La organización afirma que el agente disparó en ángulo horizontal, contraviniendo así los estándares internacionales de seguridad.
Detenciones masivas y críticas al protocolo antipiquetes
Human Rights Watch también denunció las detenciones masivas durante la protesta, entre ellas las de cinco personas mayores de 60 años. Cuestionó, además, la denuncia penal del Ministerio de Seguridad contra la jueza que ordenó la liberación de los detenidos.
La entidad criticó el protocolo antipiquetes implementado en diciembre de 2023, ya que permite el uso de la fuerza sin justificación suficiente y criminaliza cualquier manifestación que impida el tránsito. Según el organismo, esta normativa deroga una resolución anterior que prohibía a la policía utilizar pistolas antidisturbios para lanzar cartuchos de gas lacrimógeno.
Investigaciones paralizadas
Por su parte, una fiscalía especializada en violaciones de derechos humanos presentó dos denuncias penales, pero la investigación se encuentra estancada debido a una disputa sobre la jurisdicción competente.
Mientras tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, descartó cualquier investigación contra las fuerzas de seguridad y las elogió por "cuidar la democracia".
El gobierno responde
Frente a las denuncias de Human Rights Watch, el gobierno nacional respondió a través de la ministra Bullrich, quien descartó las investigaciones y felicitó a las fuerzas de seguridad por su actuar. Además, el gobierno anunció que enviará una factura con los costos del operativo antipiquete a las organizaciones sociales.
