Violencia estatal y justicia tardía
El trágico caso de Valentino Blas Correas, ocurrido hace cinco años, tuvo finalmente una sentencia condenatoria para los agentes policiales involucrados. La justicia de Córdoba reconoció que hubo violencia institucional y abuso de poder en este episodio de "gatillo fácil".
Ratificación de condenas
La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia confirmó la sentencia que condenó a los agentes Javier Catriel Alarcón y Lucas Damián Gómez por el homicidio de Blas Correas, ocurrido el 6 de agosto de 2020, además de considerar culpable a los oficiales Sergio Alejandro González, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga y Jorge Ariel Galleguillo, por encubrimiento.
Gravedad institucional
El fallo judicial subraya la gravedad de que el abuso sea perpetrado por el propio Estado y su carácter "intolerable" en un Estado de derecho. Según el TSJ, el accionar de los agentes fue "a todas luces innecesario, desproporcionado e ilegal" ya que el vehículo de las víctimas no representaba un peligro real para la vida de los policías.
Además, se rechazó la justificación de legítima defensa esgrimida por la defensa de los agentes, argumentado que no existía un peligro inminente que justificara el uso de armas de fuego.
Encubrimiento y maniobras ilegales
El alto tribunal también condenó la conducta de los oficiales superiores, quienes en lugar de investigar el incidente, participaron en una maniobra de encubrimiento plantando evidencia y simulando un rastrillaje falso. La justicia consideró que su proceder fue parte de una estrategia conjunta para desviar la investigación.
Coautoría e imputación recíproca
Un aspecto relevante en la sentencia fue la confirmación de la condena a Javier Alarcón, quien aunque no fue el autor material del disparo mortal, fue considerado coautor del crimen junto a Lucas Gómez bajo el principio de la coautoría e imputación recíproca. Su participación activa con intención homicida en el incidente lo hace cómplice del delito.
El caso Blas Correas ha sido un ejemplo trágico de violencia institucional y su sentencia, aunque tardía, constituye un precedente importante en la lucha contra el abuso estatal y el "gatillo fácil".
Fuente: Perfil Córdoba
