Se avecina un nuevo escenario político
El próximo martes 8 de julio vencen las facultades delegadas que tenía el Poder Ejecutivo, ledadas por el Congreso en junio de 2024, que le permitían legislar mediante decretos en áreas específicas. Esto significa un antes y un después para el gobierno de Javier Milei, que deberá gobernar sin los "superpoderes" que tuvo hasta ahora.
¿Qué significa esto para el gobierno?
Sin estas facultades, el gobierno deberá afrontar un escenario político diferente, en el que no podrá implementar reformas con la misma velocidad y facilidad que hasta ahora. Entre otras cosas, se le atribuyen a estas facultades delegadas medidas como la eliminación de 52.340 empleos públicos.
El trabajo del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, considera que el trabajo más importante ya fue realizado, aunque reconoce que las facultades delegadas fueron fundamentales para lograrlo. Según fuentes oficiales, estas solo fueron utilizadas en un 5% de las desregulaciones llevadas a cabo.
En las próximas 48 horas, el ministerio presentará un informe detallado sobre los ajustes y reformas implementados gracias a estas facultades. Entre ellos, se destacan la Agencia Federal de Inteligencia, los organismos descentralizados, las leyes modificadas -como la de Alquileres-, la venta de bienes inmuebles del Estado y el inicio del proceso de privatización de algunas empresas.
La "motosierra" contra el Estado continúa
A pesar de la pérdida de facultades delegadas, el gobierno nacional asegura que la "motosierra" contra el aparato estatal seguirá su curso mediante otros mecanismos legales, como decretos, disposiciones y resoluciones. De hecho, se esperan novedades en las próximas horas en áreas como el Instituto Nacional de Vitivinicultura, la fusión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad y el Ente Nacional Regulador del Gas, y una reducción significativa de la Dirección Nacional de Vialidad.
Tensiones con los gobernadores
La relación con los gobernadores se presenta como uno de los desafíos más importantes para el gobierno de Milei, especialmente en el contexto de tensión por el manejo de los Aportes del Tesoro Nacional y el impuesto a los combustibles líquidos. Los mandatarios provinciales reclaman que el Estado se haga cargo del mantenimiento de las rutas nacionales, mientras que el oficialismo parece dispuesto a continuar con el achique del área de Vialidad.
Las diferencias entre ambos poderes han llegado a un punto crítico, con los gobernadores presentando proyectos de ley que el gobierno nacional no podrá detener. La falta de acuerdo y la crispación del vínculo hacen prever un escenario complicado para la gestión de Milei, que deberá encontrar rápidamente una estrategia para acercar posiciones.
Críticas internas y división en el oficialismo
Dentro del propio oficialismo hay opiniones divididas sobre cómo abordar la relación con los gobernadores. Por un lado, están quienes buscan chocar frontalmente con ellos, encarnados en figuras como Eduardo y Martín Menem, y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Por otro lado, está el sector que lidera el asesor Santiago Caputo, que busca evitar el conflicto directo.
Esta división se refleja en el Congreso, donde la oposición -encabezada por el kirchnerismo- encuentra cada vez más aliados entre los legisladores que responden a los gobernadores. El resultado es una oposición cada vez más fuerte, que incluso pone en riesgo la capacidad del gobierno para vetar iniciativas parlamentarias.
La pérdida de las facultades delegadas se presenta, entonces, como un momento bisagra en el gobierno de Javier Milei, que deberá encontrar rápidamente nuevos consensos y estrategias para enfrentar los desafíos políticos y económicos que se avecinan.
